Los alquileres quedaron liberados al común acuerdo entre inquilinos y propietarios a partir de la entrada en vigencia del DNU, y lo que prevalece en estos primeros días es la firma de contratos con duración de dos años y actualización trimestral en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
A partir de la entrada en vigencia el 29 de diciembre del DNU 70/2023, que entre otras cosas derogó la Ley de Alquileres, los nuevos contratos dejaron de tener un plazo mínimo legal y hay libertad absoluta para determinar el precio, la moneda de pago y el mecanismo de ajuste.
Esta desregulación convive con contratos aún vigentes de las dos versiones de la Ley de Alquileres: la vigente desde 2020 con contratos de 3 años y actualización anual por Índice de Contratos de Locación (ICL) y la modificación que se introdujo en octubre 2023 con contratos de 3 años y actualización semestral por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Los contratos firmados antes de la derogación de la Ley de Alquileres se regirán por las condiciones previstas en la norma, hasta que llegue el momento de la renovación
Claudio Vodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), dijo a Télam que a partir de la derogación de la ley hay “una tendencia a normalizar lentamente el mercado”.
“Hoy la tendencia es suscribir contrato con acuerdo entre las partes, con un valor fijo por los dos años de contrato y se escalona cada tres meses con un acuerdo que podría ser o actualizar por algún tipo de índice”
Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, afirmó que si se mantiene la derogación “en cinco meses, seis meses como máximo el mercado, el tema de la oferta en el mercado de inmuebles en alquiler están normalizados”.
Liotto dijo que los primeros contratos rubricados la semana pasada fueron con plazos de 24 meses y “la actualización en la mayoría de los casos se dio en forma trimestral, algunos por el ICL y otros por el índice del precios al consumidor”.
Por su parte, Inquilinos Agrupados (IA) presentó la semana pasada un amparo ante la Justicia contra el DNU, en el que solicitó una acción de nulidad en principio y después una cautelar para que suspendan los efectos del Decreto.
“Hoy la tendencia es suscribir contrato con acuerdo entre las partes, con un valor fijo por los dos años de contrato y se escalona cada tres meses con un acuerdo que podría ser o actualizar por algún tipo de índice”
